Camilo se declara CULPABLE
… pero alega inocencia

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, admitió que firmó contratos como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar, con los que la compañía acordó convenios de prestación de servicios con Pemex, los cuales, apuntó, son auténticos y legales.

"Los contratos son auténticos y son legales, como lo es todo lo demás que he hecho en mi vida profesional, como en mi vida pública. Siempre he actuado en estricto apego a la ley", apuntó en entrevista con Joaquín LópezDóriga. Interrogado sobre si pensaba renunciar luego de las acusaciones que pesan sobre él por tráfico de influencias, Mouriño rechazó tal posibilidad y aseguró que seguirá adelante.

Ese día, el periódico El Universal había publicado copias de los contratos firmados por Mouriño, integrados en el expediente presentado por el excandidato presidencial de los partidos PRD, PT y Convergencia, Andrés Manuel López Obrador.

Días antes, López Obrador exigió al secretario de Gobernación hacer pública su declaración patrimonial, para que se conozca su riqueza personal. Dijo que Mouriño también debe detallar la lista de las 80 empresas de su propiedad y el valor económico de cada una.

"Felipe Calderón y Mouriño deben informar al pueblo de México sobre cómo han manejado los fondos provenientes de los excedentes petroleros y de la industria eléctrica, en vez de pretender privatizar Pemex", afirmó en Huetamo, Michoacán.

Los coordinadores parlamentarios de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista (FAP) -PRD, PT y Convergencia- presentarían una denuncia penal contra Mouriño, a quien acusan de tráfico de influencias, abuso de autoridad y cohecho.

"Presentaremos denuncias en la PGR y en otras instancias porque hay un asunto que no sólo es una irregularidad, sino que hay delitos que perseguir", señaló Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, al resumir lo tratado en una reunión de dirigentes del FAP con Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia estará basada en los contratos que Pemex Refinación asignó a la empresa Ivancar -de la familia Mouriño-, mismos que fueron firmados por Juan Camilo como apoderado legal de la compañía cuando él era, primero, diputado y, luego, funcionario de la Secretaría de Energía. El FAP denuncia que Juan Camilo Mouriño pudo haber incurrido en varios delitos al fungir como apoderado general de la empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar, al tiempo que era, primero, diputado y, después, funcionario público en la Secretaría de Energía (cuando su titular era Felipe Calderón).

Dos hechos irrebatibles lo dejan bajo sospecha: siendo legislador suscribió como "apoderado legal" una operación de negocios con PEMEX y, tan sólo en enero de 2008, una constructora de su suegro, Eduardo Escalante, obtuvo contratos de obra pública federal a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, superiores en monto a todo lo obtuvo a lo largo de 2007: 299 millones 332 mil pesos, frente a 163 millones 334 mil pesos del año pasado.

De esos posibles delitos, al menos dos podrían muy bien aplicar en este caso. El Código Penal Federal, en su artículo 221, señala que incurre en tráfico de influencias "el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión", y el artículo 220 del mismo Código señala que cae en "uso indebido de atribuciones y facultades" el funcionario que, "en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue… contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público… a parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencias administrativas directas, socio o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte".

Son delitos que ameritan cárcel e inhabilitación. Mouriño no podía aparecer simultáneamente como funcionario y como apoderado de la empresa que firma un contrato con el sector energético, menos aún si se trata de la empresa familiar, aunque de verdad el joven secretario no tuviera acciones en Ivancar.

En la medida en que Camilo no ha negado la autenticidad de los contratos divulgados ni la de su firma como apoderado de la empresa, lo que queda por aclarar es si hay responsabilidad administrativa o incluso penal.

En su primera respuesta, Mouriño fue absolutamente endeble. No es legalmente relevante que la relación entre la empresa en cuestión y Pemex viniera de cuando él contaba con 14 años; el problema es que, siendo funcionario en activo, apareciera también como apoderado de una empresa de su familia. Tampoco interesa a la ley si el padre del secretario consolidó su empresa "con el paso de los años y gracias al tesón", ni si está agradecido con la vida y su progenitor, ni si decidió iniciar una carrera política para "cosechar lo más valioso que una persona puede obtener: la satisfacción del servicio al país y a los demás".

Tampoco es relevante jurídicamente si renunció a las acciones de 80 empresas o si dejó "muchas de las comodidades que tienen los que viven en el interior del país", ni el que ese funcionario haya renunciado, en aras del servicio público "a un patrimonio legítimo, producto del esfuerzo personal y familiar".

PROPONEN COMISIÓN
El FAP propuso en la Cámara de Diputados la integración de una Comisión del Congreso de la Unión para investigar a Mouriño, al tiempo que -al más viejo estilo priísta- el presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, aseguró que su partido respalda "con orgullo" al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien "demostrará en el ejercicio ser un buen funcionario. Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!", enfatizó.

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, que prácticamente ya había acordado respaldar la propuesta del FAP, dio marcha atrás, y ya sin su voto no se podrá conformar la comisión especial para investigar el presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.

"No somos el Ministerio Público ni la procuraduría", comentó a manera de explicación el coordinador del tricolor en Xicoténcatl, Manlio Fabio Beltrones, quien aseguró que su partido no está dispuesto a culpar o exonerar al secretario de Gobernación frente a las acusaciones en su contra por presunto tráfico de influencias, y aseguró tajantemente que la comisión propuesta por los integrantes del Frente Amplio Progresista en el Senado no tiene fundamento legal.

GENUFLEXIONES AZULES
Según lo expresaron el dirigente nacional panista, Germán Martínez, y el coordinador del blanquiazul en el Senado, Santiago Creel, originalmente el PAN apoyó la creación de una comisión legislativa en el Congreso de la Unión para investigar presunto tráfico de influencias de Mouriño en la adjudicación de contratos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza para sus empresas familiares siendo funcionario, tal como lo propusieron formalmente los partidos de oposición.

En conferencia de prensa en la sede nacional panista, Martínez dijo que Acción Nacional "no va a regatear un voto a favor de investigar a nadie. Siempre hemos aprobado cualquier comisión de investigación". Pero dos días después, legisladores y dirigentes del PAN manifestaron su respaldo al secretario de Gobernación, en medio de la andanada en su contra de acusaciones por tráfico de influencias.

El funcionario recibió en sus oficinas a los coordinadores de senadores, Santiago Creel, y de diputados del blanquiazul, Héctor Larios, así como al presidente del PAN, Germán Martínez. Durante un encuentro de poco más de dos horas, el titular de Segob, legisladores y el dirigente panistas abordaron el tema de la comisión que impulsa el FAP en el Congreso. Larios aseguró que la próxima semana (esta) Mouriño hará públicos documentos que desmentirán que haya incurrido en tráfico de influencias.

Seguramente nervioso por su situación, un día anterior, ante organizaciones campesinas que, entre otros temas, demandan la reapertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, se levantaron de la mesa con Juan Camilo Mouriño, aunque fue éste quien prácticamente disolvió la reunión. Víctor Suárez, de la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País, dijo que "el diálogo lo reventó el secretario Mouriño al no dar respuesta puntual a las demandas del movimiento", y agregó que "la única manera para volvernos a sentar a una mesa de diálogo, previa a una definición de negociación, es que el gobierno federal recapacite y por escrito envíe respuesta puntual a nuestra agenda inmediata y condiciones previas".

En la mesa también estaban los titulares del Trabajo, Javier Lozano; de Agricultura, Alberto Cárdenas; y de Economía, Eduardo Sojo.

"Fue una reunión burocrática, de decir 'aquí estoy y dejo instaladas las mesas' pero sin ningún compromiso, y a ver qué hacen secretarios Cárdenas, Sojo y Lozano", reclamó Suárez.

"Querían levantarle la cara a Mouriño como un secretario capaz de hacer una concertación política, pero fracasaron", censuró.

"El malestar fue ese: no hay ningún compromiso, no hay fechas ni temas concretos en la respuesta del gobierno. Por eso la postura, cuando nos salimos de la reunión, fue: ahí están los planteamientos, las tareas, queremos que se comprometan", declaró Rafael Galindo, de la Central Campesina Independiente.

"Indigna, nos parece que es un distractor. Nosotros no podemos venir a sentarnos a hacerle el caldo gordo, y mucho menos venirnos a prestar a que nos sigan distrayendo con un 'vamos a sentarnos a discutir', cuando en la vía de los hechos no hay una respuesta específica. Por eso decimos: como no hay ningún acuerdo, pues nos levantamos porque no vamos a estar perdiendo el tiempo", dijo Gustavo Ortega Bravo, del Diálogo Nacional.

NERVIOSISMO
Mouriño fue, en efecto, apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar hasta finales de 2003, cuando ya era asesor de la Secretaría de Energía. Los enterados de su círculo más cercano aseguran que el no es accionista de Ivancar, sino que el trámite de aviso de cambio de apoderado legal toma meses, y que fue en ese lapso cuando Mouriño firmó el documento que el PRD ha explotado con gran habilidad, pero consideran que legalmente podrá remontar esa acusación, por lo que la sanción administrativa para Mouriño por este hecho sería menor.

Pero en realidad, al interior de los círculos del equipo del presidente Felipe Calderón es evidente que comienza a causar nerviosismo el "Efecto Iván".

El expediente Pemex Mouriño dio al PRD la bandera que no había encontrado a lo largo de este go bierno, y ha puesto en jaque a la administración federal en uno de los temas más sensibles para los mexicanos: el destino del petróleo. El perredismo se encontraba en su nivel más bajo de popularidad y a punto de la fractura interna, pero el tema de Mouriño los ha vuelto a unificar y les da un motivo de polarización electoral rumbo al 2009 que, sin duda, le hace mucho daño al gobierno del PAN.

Mouriño se ha convertido en el Carlos Hank del panismo, por obtener su riqueza gracias al tráfico de influencias desde el poder público, acusó Horacio Duarte, aspirante a secretario general del PRD. Vamos a profundizar las investigaciones contra Mouriño, que ha hecho negocios por sus vínculos con funcionarios, al amparo del poder público. Los legisladores del PRD harán lo posible para que responda por este tráfico de influencias en Pemex.

"A Mouriño le gusta que le digan Iván, pero hoy se le conoce como el Hank del panismo, como lo fue Carlos Hank para el PRI, quien arropado en el poder público obtuvo muchos beneficios", dijo el perredista mexiquense.

En efecto, los expertos ven con preocupación cómo va creciendo el embrollo en torno a Petróleos Mexicanos y Juan Camilo Mouriño -al que sus allegados le llaman con afecto Iván-, y temen que termine por arrollar las negociaciones de la reforma energética, de las que por lo pronto él ha quedado relegado y se deja al frente de las mismas a la secretaria de Energía, Georgina Kessel.

INVESTIGACIÓN CONDICIONADA
La integración de una comisión especial para investigar al secretario de Gobernación estará lista en los próximos días, luego de que el PRD aceptó la condición del PAN de apoyarla, a cambio de que se conforme otra que indague al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por presunto desvío de recursos para la campaña de Alejandro Encinas, aspirante la presidencia del partido del sol azteca.

La propuesta de crear la comisión fue presentada por los coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP), Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona, de Convergencia; y Ricardo Cantú, del PT, siendo turnada a la Junta de Coordinación Política, que preside el panista Héctor Larios. En el Senado de la República se acordó integrar una comisión que investigue el presunto tráfico de influencias y otros delitos en los que habría incurrido Mouriño Terrazo en el sexenio pasado.

EL COSTO DE UN DELFÍN
La Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN está a cargo de revisar la estrategia a seguir para la defensa de Juan Camilo Mouriño, de acuerdo con dirigentes panistas. Luego de que Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, asegurara que se le dará respaldo a Mouriño tras ser el blanco de ataque de dirigentes perredistas, el CEN del PAN emitirá en los próximos días un respaldo público al funcionario del gobierno federal. Ulises Ramírez, integrante del CEN, explicó que la primera estrategia será respaldar al secretario en público e incluye la defensa, como se ha hecho hasta ahora, de cualquier funcionario federal atacado por la oposición, en especial por el PRD.

EL CHUCHO RETA A MOURIÑO
El candidato a la presidencia nacional del PRD, Jesús Ortega, retó al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a demostrar con "pruebas contundentes" que no ha entrado en conflicto de intereses por los contratos de su negocio familiar con Petróleos Mexicanos (Pemex). En un comunicado, el aspirante a la dirigencia perredista aseguró que no es correcto que el funcionario federal haya calificado de mezquinas y dolosas las acusaciones en su contra, pues debe defenderse con pruebas. "Hasta demostrar con pruebas contundentes que no ha entrado a conflictos de intereses y sacado provecho de su posición en el Gobierno", dijo.