Entusiasmos
que ciegan...
OLVIDA EL 'MALORO' DETALLITOS
en lo de los juicios orales
Por
Edgardo CARRILLO LÓPEZ
Entusiasmado,
animado por el activo de imagen pública que para
un político representa ser el promotor de un cambio
radical en el sistema judicial sonorense, el diputado Manuel
Ignacio Acosta Gutiérrez ha pasado por alto varios
aspectos importantes con relación al modelo de juicios
orales, importado -o impuesto- de otros países.
El
principal, si se toma en cuenta que todo proyecto debe estar
sustentado en su viabilidad operativa y financiera, es el
de la fuerte inversión que requerirá adoptar
en Sonora la oralidad en los juicios penales.
Hay
experiencias. Se ha informado que en Nuevo León costó
18 millones de pesos remodelar y equipar el edificio donde
se construyeron las tres primeras salas de este tipo, en
tanto que adecuar las más recientes que se han instalado,
las que operan la justicia civil oralmente, les han costado
700 mil pesos cada una.
El
'Maloro' Acosta se ha guardado este punto del proyecto.
Un año después de su iniciativa (en octubre
del 2006) sigue ponderando las bondades de la oralidad,
pero no ha dicho cuánto costará a los sonorenses.
Lo más que ha expresado, en una entrevista reciente
en el periódico Expreso, es una buena figura retórica
al respecto: "... Por eso yo no puedo hablar de recursos,
porque dicen: 'es que cuesta mucho'. Cuesta más la
impunidad, creo yo".
Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez, quien como diputado local
priísta ha venido impulsando una amplia reforma judicial
que contempla la implementación de los juicios orales
en Sonora, es licenciado en Derecho por la Universidad de
Hermosillo, pero carece de experiencia como abogado litigante...
su experiencia laboral se constriñe al sector público
y a su participación en la política partidista...
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El
gobernador Eduardo Bours ha sido más específico.
Durante la firma del llamado 'Pacto por la Justicia', que
signaron los tres poderes del estado el pasado 12 de octubre,
refiriéndose a la inversión económica,
dijo: "Soy el primer apuntado para sentarnos en la
mesa y ver de dónde podemos sacar los recursos, al
principio será costoso, pero a largo plazo será
de ahorro; estoy convencido de invertir en las cosas que
valen la pena. Esta reforma ya está blindada contra
cualquier tipo de intereses particulares y de grupo...".
No
es de negarse la conveniencia de modernizar el sistema judicial
en Sonora -y, claro, en todo México-, pero el gobernador
está equivocado. En lo que específicamente
hace a los juicios orales, su objetivo no es acortar tiempos
ni ahorrar recursos. El director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, lo
expresa de mejor manera en una declaración al periódico
La Jornada en agosto pasado:
"La
función de la oralidad no es la de acelerar los juicios
o reducir necesariamente sus costos, sino convertirse en
un factor de la legitimidad del sistema judicial que se
genera por medio del contacto personal y directo de los
ciudadanos, con las instituciones y los jueces que los juzgan...
tocan una fibra muy sensible de la sociedad mexicana, que
no sólo tiene hambre y sed de justicia, sino que
también quiere ver y oír cómo se hace
justicia en nuestro país".
Y
es eso, precisamente, el carácter de juicio público,
abierto a que la gente asista como espectador, lo que implica
un gasto importante en adecuación o construcción
de juzgados con auditorio. Pero, más allá,
encierra también un riesgo grave, que los promotores
del sistema de juicio oral en Sonora no están considerando
o han preferido hacer como que no han visto: el enorme requerimiento
económico y humano para garantizar la seguridad durante
una audiencia.
El
mismo carácter de juicio público conlleva
el impacto mediático; es decir el entrometimiento
de los medios que muy poco saben de Derecho y cuestiones
legales, pero que sí en cambio pretenden asumirse
como adalides de la justicia, siendo que -ya se sabe- no
necesariamente lo legal viene a ser justo.
Ya
ha habido casos en los que la prensa, a su real entender,
juzga y condena o absuelve, casi siempre ante la complacencia
de la gente, el respetable público que, azuzado por
quienes forman opinión, suele convertirse en chusma
enardecida cuando de clamar justicia se trata (siempre y
cuando, dice la sentencia, 'se haga la voluntad de Dios
en los bueyes de mi compadre').
Me
pregunto si la influencia de los medios de comunicación,
engolosinados ante la novedad de juicios abiertos al público
o -después- por cierto caso espectacular, no irá
a influir en la decisión de algún juzgador
temeroso de aparecer en mala posición ante la sociedad.
Lo
anterior nos lleva a reparar en la idiosincrasia del mexicano,
acostumbrado a decir que se hizo justicia cuando el veredicto
le favorece, y cuando no, pues simple y sencillamente piensa
y vocifera que el juez se vendió.
Dirán
muchos que no tiene por qué ser así, que en
otros países donde se manejan los juicios orales
los involucrados aceptan los fallos legales. Pero es precisamente
de lo que hablamos: en otros países hay otras culturas,
otra voluntad cívica, otra disposición de
respeto a la autoridad. Sencillamente en Estados Unidos,
si a alguien se le condena a cumplir una pena, no en la
cárcel sino en su propio domicilio, respeta y cumple
la determinación, a veces sin necesidad siquiera
de utilizar las conocidas pulseras electrónicas que
alertan cuando se llega a rebasar el perímetro permitido.
Pero es de apostarse que si a un mexicano -aquí en
México, por supuesto- lo dejan suelto, ya no con
una de esas pulseras sino hasta con un grillete, carga con
el artefacto y en su feliz huida lo vende por ahí
como fierro viejo.
Otros
datos sobre la implementación de los juicios orales
en Chile, revelan que allá la reforma representó
que de 40 jueces que había en todo el país
operando la justicia penal, se tuviera que incrementar 400
por ciento el número de juzgadores.
El
diputado Acosta y quienes se han emocionado con la posibilidad
de parecer grandes porque tengamos juicios casi como de
películas (casi, porque por lo pronto no habrá
jurados, aunque esa modalidad de juicio con jurado popular
se ha realizado incluso ya en Hermosillo -ver nota aparte-)
argumentan que es falso que vaya a ser necesario incrementar
considerablemente el número de jueces.
Pero
hay otros factores qué enumerar en contra de los
juicios orales. Por principio, es de subrayar la elevada
inversión en juzgados a manera de auditorio para
recibir a los observadores de los juicios, incluido la operación
y el mantenimiento de tales salas.
Luego,
la necesidad de equipar dichos recintos con sistemas de
grabación por circuito cerrado de televisión;
¿o será acaso que van a capacitar personal
para que capturen las voces de los actores del juicio por
medio de la estenografía?
¿Se
habrá pensado ya en los equipos detectores de metales
que deberán formar parte de las instalaciones de
esos juzgados?, ¿o no se temerá que entre
el público asistente a un juicio oral abierto alguien
vaya armado?
Es
de preverse, así mismo, la posibilidad de que se
presenten situaciones que se salgan de control, lo cual
hace imperativo que en esos juicios abiertos a la ciudadanía
se disponga del apoyo de la fuerza pública, elementos
de seguridad capacitados para actuar en caso de un amotinamiento
de personas inconformes con el sesgo o el veredicto de un
juicio, o en el menor de los casos para garantizar que el
inculpado no escapará (o será 'rescatado')
mientras se le sigue el proceso.
Estos
dos últimos puntos, por sí solos, representan
un grave riesgo para la integridad física tanto de
los jueces como del personal del Poder Judicial y, claro,
de los espectadores de un juicio.
A
esto hay que agregar la necesaria capacitación de
jueces y otro personal del Poder Judicial, así como
de ministerios públicos (hábiles para redactar
y hablar con propiedad y de manera convincente, de lo que
actualmente la mayoría están muy alejados),
e incluso hasta los cambios que habrán de darse en
los planes de estudio de las escuelas de Derecho.
Queda
claro que los juicios orales son una realidad que tarde
o temprano se verá implementada en la práctica
en Sonora y en todo México. Pero la otra verdad incuestionable
es que su aplicación representa cuantiosas inversiones,
que no todos los estados de la República están
en aptitud de ejercer, pero sin las cuales resulta obvio
que el sistema de la oralidad en los juicios no funcionaría
adecuadamente, como bien lo advierte el juez federal Higinio
Carrillo de León:
"Tendría
que haber la revisión no solamente de las instituciones
jurídicas, sino de la infraestructura humana y de
edificios con que se cuenta para poder echar a andar este
sistema... si no están preparados será un
fracaso".
Antes
estas consideraciones, pierde validez el argumento del diputado
local Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez en el sentido
de "no puedo hablar de recursos... cuesta más
la impunidad, creo yo".
Como
principal impulsor visible de la reforma del sistema judicial
en Sonora y la implementación de los juicios orales,
el 'Maloro' está obligado a pasar del aspecto meramente
'politiquero' del proyecto, para contemplar en él
también la cuestión de los números
y los pesos... creo yo.
